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SIERO
Moción del Grupo Municipal de FORO para el próximo pleno
El Convenio de Seguridad Social entre España y Venezuela, de 12 de mayo de 1988, en vigor desde el 1 de julio de 1990, reconoce el derecho al cobro de las pensiones, subsidios, rentas e indemnizaciones venezolanas a los residentes en España y a los emigrantes españoles retornados sin que estén sujetas a reducción, modificación, suspensión o retención por ninguna de las partes, tal y como establece el artículo 5 del citado convenio.
Esto es un convenio internacional que debería tener fuerza de ley entre las partes, en este caso entre los Estados de Venezuela y de España, y este instrumento tiene un primer objetivo, que es producir los efectos jurídicos que se pactan, acuerdan y se comprometen de modo recíproco.
Desde el mes de enero de 2016 hasta la fecha el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, no abona las pensiones a quienes han cotizado en su país y residen en el exterior, entre los que se encuentran unos 9.000 residentes en España, muchos de ellos emigrantes españoles y asturianos retornados.
Esta situación, que está perjudicando gravemente la calidad de vida de este colectivo, con muchos de sus miembros sufriendo situaciones de una grave precariedad y exclusión social, hasta estos extremos implica el incumplimiento del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela del Convenio Bilateral citado, a lo que se debe de añadir la pérdida de una fuente de ingresos de los residentes en España que han cotizado en Venezuela.
A día de la fecha, la parte venezolana del convenio no reconoce oficialmente que haya dejado de pagar las pensiones a dichos ciudadanos, pese a que documentalmente se puede acreditar dicho impago. Además, el Gobierno de Venezuela no está autorizando el traslado de prestaciones al extranjero a quienes deciden abandonar el país ante las dificultades e inseguridad que se vive en el mismo.
Esto es lo que ocurre en este país, que incumple no sólo un Convenio Internacional, incumple con España, y también incumple con las personas, y protagoniza dicho incumplimiento en nombre de la revolución bolivariana que dice preconizar. Esto ocurre en un país donde se encarcela por pensar diferente, como acontece con Leopoldo López.
Pero ciñéndonos en el asunto del impago de las pensiones, debemos de añadir, que las personas afectadas constan como perceptores de una pensión venezolana, aunque no la cobren, y eso les acarrea serias dificultades para acceder a los servicios y prestaciones sociales españolas y de las CCAA.
¿Qué opinarían si el gobierno de España dejara de abonar las pensiones a las que tiene derecho aquellos que han cotizado en nuestro país y residen en Venezuela como represalia?
Que no sería justo ¿Verdad?, pues esa justicia es la que reclamamos con esta moción.
Desde FORO, con esta iniciativa, queremos trasladar a este pleno, nuestra preocupación por los problemas derivados del impago en las pensiones que están padeciendo los perceptores de pensiones venezolanas residentes en España desde enero de 2016, lo cual implica un flagrante incumplimiento por parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela del Convenio de Seguridad Social entre España y Venezuela, de 12 de mayo de 1988, en vigor desde el 1 de julio de 1990.
De acuerdo a la respuesta dada por el Gobierno de España a la pregunta formulada por nuestro diputado en las Cortes Generales, el Sr. Martínez Oblanca, el INSS ha cifrado en cerca de 4.400 los pensionados afectados, aunque algunas fuentes cifran el número en 9.000 pensionistas afectados directamente. En Asturias, la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Venezuela (ASOPEVE), estima que en nuestra Comunidad Autónoma hay aproximadamente unas 1.500 personas afectadas directamente.
Sin importar la cifra, dentro de dicho colectivo se encuentran ciudadanos en situaciones de desamparo y pobreza, con el consiguiente daño moral que se está produciendo en estos ciudadanos, muchos de ellos emigrantes retornados que dependen de dicha pensión pasa su subsistencia en su propia patria. No podemos pasar por alto que dicha situación ha llevado, en dos casos concretos, a la muerte y el suicidio en nuestra Comunidad Autónoma, tal y como señala el colectivo, organizado en la asociación ASOPEVE Asturias.
La situación, que no es de nuevo conocimiento, requiere de la búsqueda de soluciones paliativas urgentes hasta tanto no se normalice la situación y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) reanude el pago de las pensiones, teniendo en consideración que ante la falta de reconocimiento por parte del IVSS y el Gobierno de Venezuela de la situación narrada, dichos impagos se pueden acreditar documentalmente, entre otras cosas, por medio de certificaciones del propio banco gestor del servicio de pago de las pensiones impagadas.
Lamentablemente, algo que debería solucionarse por la vía diplomática, se encuentra enquistado por la negación, la obstrucción y la conducta obtusa del gobierno venezolano.
Por todo ello, desde FORO solicitamos mientras se regularice la situación, se establezcan los mecanismos oportunos para que se proceda al pago del complemento a mínimos para los pensionistas venezolanos en España, hasta tanto el IVSS reanude el pago de las pensiones, procediéndose a valorar incluso la concesión de una línea de ayudas para que tales pensionados afectados puedan tener unos ingresos estables que les permita salir de la exclusión social y el riesgo de pobreza sobrevenidos por esta situación.
No debemos olvidar que muchas de estas personas no tienen recursos previos, ni familiares, están perdiendo su vivienda (ante impagos en alquiler o hipotecas derivado de su situación), los hay que no tienen acceso a alimentación, e incluso personas que están precisando atención psicológica y médica derivada de la situación de angustia que están padeciendo.
