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Somos Siero denuncia la sanción de 3.000 € impuesta al Ayuntamiento por vertidos ilegales

La multa impuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica se agrava por la reiteración

Publicado el 17/08/2018

En el año 2000 un informe del Principado de Asturias obligaba a una serie de medidas correctoras para la puesta en marcha del Centro Comercial Parque Principado, entre las que destaca el apantallamiento acústico y visual y la prohibición expresa del vertido de aguas residuales; una prohibición que se da en otros polígonos industriales y que sus propietarios han tenido que solucionar mediante la colocación de fosas sépticas con su correspondiente mantenimiento.

En el caso de Parque Principado, desde el año 2001 se han recibido notificaciones en el Ayuntamiento advirtiendo de la situación e incluso en el año 2003 un informe del Seprona advierte del riesgo sanitario para las personas que habitan el lugar; en otros informes del Ministerio de Medio Ambiente se indica que existe sección insuficiente, vertidos de aguas residuales a arroyos y que el colector sigue sin ser recibido por el Ayuntamiento.

16 años después, en 2017 el Ayuntamiento indica que se estaba en negociaciones para la solución de este problema (…) que viene dándose de forma habitual; extremo que le Ministerio no da por creible e inicia un procedimiento sancionador por un vertido de fecha 20 de mayo de 2017.

Durante el trámite administrativo se produce otro vertido por lo que la multa impuesta al Ayuntamiento de Siero se establece en 3.000 €, advirtiendo que el consistorio no ha adoptado medida alguna encaminada a evitar el vertido ilícito o exigir la regulación del mismo.

El Ayuntamiento de Siero, es pues el único responsable de que durante 20 años se estén produciendo vertidos ilegales que se transforman en sanciones que tienen que abonar todos los vecinos y vecinas del municipio y desde Somos Siero se teme que además de los ya impagables daños causados a personas, propiedades y Medio Ambiente y de las sanciones abonadas, ahora el Consistorio se haga cargo del abono de parte de la obra; por lo que exige al equipo de gobierno que actúe de manera inmediata para no mantener la ilegalidad, cumpliendo escrupulosamente las indicaciones de la Consejería de Medio Ambiente del año 1999 en las que marcaba las medidas correctoras que debería de establecer la propiedad constructora de la instalación.